5.1. La Guerra de la Independencia: antecedentes y causas. Bandos en conflicto y fases de la guerra
Entre los años 1793 y 1795, España y Francia estuvieron en guerra, bajo el reinado español de Carlos IV (1788-1808), ante el temor de este por la expansión francesa. En 1795 Francia y España firman la Paz de Basilea, implicando un periodo de alianzas entre ambas potencias que dirigieron sus esfuerzos contra Portugal e Inglaterra. En este contexto se produce la Revolución Francesa (1789), que años después servirá como inspiración a los españoles para llevar a cabo su propia revolución liberal ante la ocupación de la Península Ibérica por parte de Napoleón años después. Durante esta alianza, se produjo también la derrota de la armada hispano-francesa frente a la inglesa en la batalla de Trafalgar (1805).
El 1807, Manuel Godoy, ministro de Carlos IV, firma con Napoleón el tratado de Fontainebleau, mediante el que acordaban repartirse Portugal y su imperio colonial, para lo que se permitía que las tropas francesas entraran en España. Sin embargo, el objetivo final de Napoleón era la ocupación de la Península Ibérica. El ejército francés tomó lugares estratégicos, como Madrid, Barcelona, Cádiz o Lisboa, ante lo que Godoy preparó la evacuación de la familia real hacia América. Sin embargo, en marzo de 1808, el príncipe de Asturias, futuro rey Fernando VII (1814-1833) lleva a cabo el motín de Aranjuez, que implicó la destitución de Godoy y la abdicación de Carlos IV en su hijo, Fernando. Napoleón aprovechó estas circunstancias para atraer a Bayona (Francia) a Carlos IV y a Fernando VII, donde forzó a Fernando a abdicar de nuevo en Carlos IV, y a este a ceder la corona a José Bonaparte, hermano de Napoleón, hechos que quedaron recogidos en el Estatuto de Bayona, ciudad que dio nombre a este hecho como las abdicaciones de Bayona.
Tras las abdicaciones de Bayona, algunos ilustrados españoles apoyaron a José Bonaparte, viendo en él una oportunidad de llevar cabo reformas liberales. A ellos se les conoció como los “afrancesados”. Sin embargo, gran parte de la población española se opuso a estos planes, que no llegaron a llevarse a cabo. Este descontento culminó en un alzamiento popular contra Napoleón el 2 de mayo de 1808. Se crearon Juntas Provinciales de Defensa, que posteriormente se constituyeron en una Junta Central que asumió la soberanía de la nación en ausencia del rey. Este hecho muestra el deseo de con el Antiguo Régimen, pues implicaba, además de gobernar en ausencia del rey, la organización de una base legal para instaurar el liberalismo. Aun así, es importante tener en cuenta que no todos sus componentes eran liberales, fue más bien la necesidad de tomar decisiones en ausencia del rey la que les unió. Las Juntas dirigieron la Guerra de la Independencia (1808-1814) contra Francia, movilizando algunas unidades del ejército, aunque dispersas y escasas.
Fue el pueblo el que tuvo un papel más relevante en el desarrollo de la guerra, pues se organizaron guerrillas que acosaban continuamente al ejército francés, así como una fuerte resistencia en las ciudades, obligando a las tropas francesas a mantener largos sitios y desatender otros frentes. Hacia el final de la guerra, la participación del ejército británico tuvo un papel decisivo en el desenlace de la contienda a favor de España.
La primera gran derrota del ejército francés tuvo lugar en la batalla de Bailén (1808), forzando a Napoleón a tomar la decisión de participar en la guerra de forma directa aportando 250.000 soldados más. A esto siguió una guerra de desgaste contra Francia, que conseguía controlar las principales ciudades, pero no las zonas rurales.
En 1812, parte de las tropas francesas fueron desplazadas para combatir en el frente ruso. En ese mismo año, un ejército británico dirigido por Wellington entró en España desde Portugal, uniéndose a las tropas españolas, con lo que se inició una serie de victorias contra los franceses (Arapiles, Vitoria, San Marcial), que acabaron con el dominio francés. Napoleón pactó la retirada de tropas francesas de la Península Ibérica, que fue total a partir de 1813, poniendo fin a la guerra.
5.2. Las Cortes de Cádiz. La Constitución de 1812
Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814) contra la ocupación francesa, se crearon Juntas Provinciales de Defensa que dieron lugar a una Junta Suprema Central Gubernativa del reino. Esta junta se negó a reconocer como rey a José Bonaparte, hermano de Napoleón, y asumió la regencia y gobierno de la nación en ausencia de Fernando VII, que permanecía retenido en Francia. La labor de la Junta Central, además de sentar las bases del régimen liberal, asumió la dirección de las tropas, se propuso la creación de nuevas Juntas, dirigió los asuntos políticos y elaboró una Constitución, a pesar de que no toda la sociedad española estaba de acuerdo con su labor. Por un lado, algunos españoles apoyaron a José I como rey, confiando en que este llevaría a cabo reformas ilustradas, por lo que se les llamó “afrancesados”. Por otro lado, en el bando de los “patriotas”, había ciertas divisiones entre liberales y absolutistas. En este contexto se estableció un complicado sistema de elección para escoger a representantes de 33 ciudades, incluidas algunas de ultramar, con el objetivo de crear unas Cortes Generales. Estas lograron convocarse en 1810 en Cádiz, ciudad libre de la ocupación francesa, donde se reunieron 184 diputados de diversas ideologías políticas, aunque con predominio de ideas liberales. El principal objetivo de las Cortes fue la elaboración de una Constitución.
La Constitución se promulgó el 19 de marzo de 1812, fecha por la que se la conoce como la “Pepa”, pues fue promulgada el día de san José. En dicha Constitución el estado se define como una monarquía limitada, con reconocimiento de la soberanía nacional y división de poderes. El poder legislativo correspondía a las Cortes unicamerales, con amplios poderes (elaboración de leyes, aprobación de presupuestos y tratados internacionales, mando sobre el ejército…) Se estableció el sufragio universal masculino e indirecto como sistema electoral. El poder ejecutivo recaía en el rey, que dirigía el gobierno, interviniendo también en la elaboración de leyes y con derecho de veto. El poder judicial se atribuyó a los tribunales, con competencias exclusivas al respecto, estableciendo, además, los principios básicos de un estado de derecho (garantías procesales, códigos únicos…). La Constitución de 1812 contemplaba derechos del ciudadano como la libertad de imprenta, igualdad ante la ley, derecho de petición, libertad civil, inviolabilidad del domicilio, derecho de propiedad… y definía la nación española como el conjunto de todos los ciudadanos, incluidos los de ultramar. Contemplaba también la reorganización de la administración, la reforma fiscal, la creación de un ejército nacional, la obligatoriedad del servicio militar, y la implantación de una enseñanza pública y obligatoria. La religión y la Iglesia católicas eran protegidas por la Constitución. Se trató, por tanto, de una Constitución liberal que ponía fin al absolutismo y la sociedad del Antiguo Régimen.
Además de la Constitución, las Cortes de Cádiz aprobaron una serie de leyes, también encaminadas a la abolición del Antiguo Régimen, como la supresión de señoríos, abolición de gremios e Inquisición, reforma agraria, desamortizaciones…
5.3. El reinado de Fernando VII: liberalismo frente a absolutismo. El proceso de independencia de las colonias americanas
Fernando VII (1814-1833) “el Deseado” regresó a España tras finalizar la guerra y, con él, regresó el absolutismo, con breve periodo de reinado liberal, entre 1820-1833. Durante su reinado tuvo lugar la independencia de las colonias americanas respecto de España.
La primera etapa del reinado de Fernando VII tuvo lugar entre los años 1814 y 1820 y fue un periodo absolutista. El rey aceptó la propuesta de los absolutistas recogida en El Manifiesto de los Persas y derogó la Constitución de 1812, así como el resto de las leyes promulgadas por las Cortes de Cádiz. Inició una dura represión contra los liberales y la vida política se vio dominada por los sectores más reaccionarios. La Iglesia apoyo al rey, posicionándose a favor de los grupos absolutistas y defendiendo el Antiguo Régimen. Se restableció el tribunal de la santa Inquisición, se suprimió la liberad de expresión y de asociación…
En una segunda etapa, conocida como Trienio Liberal (1820-1823), supuso una etapa menos absolutista y algo más liberal. Durante el reinado de Fernando VII se habían producido numerosos pronunciamientos liberales, aunque ninguno tuvo éxito. Uno de los más importantes fue el pronunciamiento de Riego (1820) que logró un amplio apoyo a favor de la Constitución. El rey se vio obligado a aceptarla, con una política moderada, en la que se tuvieron en cuenta derechos individuales, libertad de prensa… La Iglesia fue apartada del poder, las órdenes monásticas disueltas y expropiadas sus propiedades y se produjo la expulsión de los jesuitas. Sin embargo, durante esta época, los liberales se vieron divididos en moderados, partidarios de pactar con los absolutistas para que aceptaran un sistema constitucional a cambio de ceder en algunos aspectos, y exaltados (futuros progresistas), partidarios de posturas más radicales como la limitación drástica del poder de Iglesia y nobleza, creación de un Estado centralizado o ampliación del sufragio. Mientras tanto, el propio Fernando VII alentaba conspiraciones absolutistas para hacer caer el liberalismo. A este objetivo se unieron las potencias absolutistas europeas, enviando el ejército conocido como los “Cien Mil Hijios de san Luis” por ser, en su mayoría, soldados franceses, que finalmente lograron expulsar a los liberales del gobierno.
La tercera etapa (1823-1833), conocida como la Década Absolutista, se caracterizó por las duras represiones y aboliciones de las libertades políticas, con la Iglesia como aliada de la monarquía. Se llevó a cabo una modernización de la Administración y se realizaron algunos cambios en la organización del estado como la institución del Consejo de Ministros como gobierno de la Corona y la reorganización del sistema de Hacienda. La economía mejoró algo. Hacia el final de su reinado, Fernando VII veía dificultades en su sucesión, pues solo contaba con una hija, Isabel, por lo que el régimen comenzó a abrirse hacia el liberalismo.
En cuanto a la Independencia de las colonias americanas, hay que recordar que durante la guerra también se organizaron Juntas de Defensa en los territorios de ultramar. Sin embargo, a diferencia de la Península, no se disolvieron tras el fin de la guerra, sino que viraron hacia el objetivo de lograr su propia independencia, tomando como ejemplo la independencia de las colonias británicas en Norteamérica. Fueron los criollos (descendientes de españoles) quienes tomaron la iniciativa. El ejército español sofocó las primeras insurrecciones, pero, a partir de 1818 líderes como Simón Bolívar y José de san Martín lideraron la lucha. A partir de pocas batallas decisivas, como la de Ayacucho (Perú, 1824) se logró la independencia. Para entonces, España solo conservaba las colonias del Caribe, por lo que la independencia de las colonias americanas supuso una fuerte pérdida de recursos económicos.