Historia de España, bloque 6: la conflictiva construcción del estado liberal (1833-1868)

6.1. El reinado de Isabel II (1833-1868): la primera guerra carlista. Evolución política, partidos y conflictos. El Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845

Antes del nacimiento de Isabel II, su padre, Fernando VII decretó la Pragmática Sanción que anulaba la Ley Sálica que no permitía reinar a las mujeres. Los absolutistas se agruparon en torno a Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, que aspiraba al trono. La reina María Cristina fue nombrada regente durante la enfermedad de Fernando VII y en torno a ella se agruparon los sectores liberales más moderados. Tras la muerte de Fernando VII, el infante Carlos María Isidro se proclamó rey y se levantó en armas contra la Regente, María Cristina. Comenzó así la primera guerra carlista (1833-1840). El bando carlista agrupaba, bajo una ideología tradicional y con el lema “Dios, Patria y Fueros”, a los partidarios de don Carlos, de la monarquía absoluta, del predominio eclesiástico, del mantenimiento del Antiguo Régimen y de la conservación de los Fueros. Tuvo más seguidores en zonas rurales del País Vasco, Navarra, parte de Cataluña, de Aragón y de Valencia. Contaba con el apoyo de miembros del clero, pequeña nobleza agraria y algunos campesinos, pequeños propietarios y artesanos que temían verse perjudicados por el liberalismo. Del lado isabelino estaban los apoyos de los absolutistas moderados, parte del ejército y de la burguesía liberal y, tras pactar con ellos, del liberalismo moderado y radical.

En un primer momento, los carlistas se hicieron fuertes en el norte de España, pero no llegaron a controlar las grandes ciudades. María Cristina llevó a cabo varias reformas para ganarse a los liberales progresistas y contaba, además, con más recursos y con el apoyo de la burguesía y de Francia y Gran Bretaña. En una segunda fase, la guerra se decantó hacia los liberales. Los carlistas quedaron dispersos y negociaron el final de la guerra, que se zanjó con el Convenio de Vergara (1839), en el que se acordó el abandono de la lucha por parte de los carlistas y el compromiso liberal de respetar los fueros y el respeto del rango a los militares carlistas que se integraran en el ejército isabelino. Sin embargo, los fueros iban desapareciendo: en 1841 se aprobaron leyes mediante las que Navarra perdía sus aduanas, privilegios fiscales, exenciones militares e instituciones de autogobierno. En ese mismo año, también las provincias vascas perdieron privilegios forales como las aduanas y las Juntas y se derogó el “pase foral” pero conservaron su exclusión privilegiada del servicio militar obligatorio. Hubo otras dos guerras carlistas: la segunda (1846-1849) sobre todo en Cataluña y la tercera (1872-1876), ya después del reinado de Isabel II (1833-1868).

Antes de que el reinado de Isabel II fuera efectivo fueron los regentes quienes reinaron en su nombre. Fue durante esta etapa de Regencias (1833-1843) cuando se configuró el estado liberal. Dentro de este periodo se distinguen una etapa de transición (1833-1836), una etapa progresista (1836-1837), una etapa moderada (1837-1840) y la regencia de Espartero (1840-1843).

Durante la etapa de transición (1833-36) y bajo la regencia de María Cristina, el gobierno estuvo formado por absolutistas moderados, que pretendían llevar a cabo algunas reformas administrativas sin modificar el sistema político. Se llevó a cabo la división de España en 49 provincias. Con el fin de lograr apoyos, la regente María Cristina nombró presidente a Martínez de la Rosa, liberal moderado, que llevó a cabo reformas como el Estatuto Real, un conjunto de reglas para convocar Cortes ligeramente adaptadas respecto de las antiguas Cortes del Antiguo Régimen. Sin embargo, estas medidas fueron insuficientes, por lo que la regente destituyó el gobierno, que pasó a ser ostentado por los liberales progresistas.

La etapa progresista (1836-1837) supuso que los liberales trataran de desmantelar las instituciones del Antiguo Régimen, con el fin de instaurar un sistema de monarquía parlamentaria, liberal y constitucional. Para ello se llevó a cabo una reforma agraria, basada en tres grandes medidas: la disolución del régimen señorial (1812), implicando la pérdida de atribuciones jurisdiccionales de los señores, que pasaron a ser propietarios, mientras los campesinos pasaron a ser arrendatarios o jornaleros. En segundo lugar, se llevó a cabo la desvinculación o fina de los patrimonios unidos a una familia o institución. En tercer lugar, se llevó a cabo la desamortización de Mendizábal, mediante la venta de tierras propiedad de la Iglesia y ayuntamientos para conseguir recursos para el Estado. Se disolvieron las órdenes religiosas (excepto las dedicadas a la enseñanza y a la asistencia hospitalaria). Se llevaron a cabo medidas de carácter económico como la libertad de arrendamientos agrarios, abolición de privilegios gremiales o eliminación de aduanas interiores. Durante esta etapa se promulgó la Constitución de 1837, que recogía algunos principios básicos del progresismo, como la soberanía nacional, una declaración de derechos de los ciudadanos (libertad de prensa, opinión y asociación), división de poderes y aconfesionalidad del Estado. Contemplaba algunos elementos moderados, como la existencia de Cortes bicamerales (Congreso y Senado), derechos de la Corona (veto de leyes, facultad para nombrar y destituir ministros, disolución del Parlamento…) y el compromiso de financiar el culto católico.

En la etapa moderada (1837-1840), tras ser aprobada la Constitución de 1837, las elecciones fueron ganadas por los moderados, que tomaron medidas para limitar algunos derechos y otorgar mayor poder a la Corona, con un cierto regreso al Antiguo Régimen, como la devolución de bienes a la Iglesia, entre otros. Esto provocó una insurrección que dio lugar a la formación de Juntas Revolucionarias. La regente María Cristina dimitió de su cargo y los sectores progresistas apoyaron al general Espartero, que asumió el cargo de Regente.

Durante la regencia de Espartero (1840-43), éste perdió sus apoyos por su excesivo autoritarismo, pues, con el fin de liberalizar el mercado, eliminó los aranceles que protegían la industria textil catalana del algodón inglés. Esto provocó un levantamiento de la burguesía y clases populares de Barcelona, que fue duramente reprimido, hasta el punto de que los progresistas también le negaron su apoyo y algunos militares moderados comenzaron a conspirar. Espartero renunció a la regencia y la mayoría de edad de Isabel II fue adelantada por las Cortes, siendo proclamada reina a los trece años.

Durante el reinado efectivo de Isabel II (1843-1868) se adoptaron los principios generales del constitucionalismo, soberanía nacional, elecciones, sufragio censitario, limitación de la autoridad real, aceptación de derechos y libertades individuales y colectivos, aunque fue un liberalismo salpicado de enfrentamientos entre los partidos políticos, levantamientos populares, pronunciamientos, y continuos cambios de gobierno, culminando en una revolución que expulsó del trono a la reina Isabel II. Los dos grandes partidos fueron el moderado y el progresista, ambos defensores del sistema liberal de monarquía constitucional. Los moderados eran defensores del sufragio censitario, la soberanía compartida entre las Cortes y la Corona, otorgando a ésta amplios poderes. Querían limitar los derechos individuales, especialmente los colectivos. Defendían el peso y la influencia de la Iglesia católica. Los progresistas defendían el derecho de la soberanía nacional sin límites, no aceptaban la intervención directa de la Corona en política, eran partidarios de robustecer los poderes locales (Ayuntamientos, Milicia Nacional) y defensores de los derechos individuales y colectivos, mantenían también el principio del sufragio censitario, aunque más amplio, estaban a favor de la reforma agraria y del fin de la influencia de la Iglesia. Una escisión de los progresistas dio origen al partido Demócrata (1849), la primera expresión política del pensamiento democrático en España (sufragio universal, ampliación de libertades…). El republicanismo, opción minoritaria, defendía que la verdadera democracia pasaba por la eliminación de la monarquía. En 1854 apareció la Unión Liberal, escindido de los moderados, y que atrajo a los sectores más conservadores del progresismo.

El reinado de Isabel II puede dividirse en varias etapas: la década moderada (1844-1854), el bienio progresista (1854-1856) y la segunda etapa moderada (1856-1868).

Durante la década moderada (1844-1854),de forma paralela a la asunción del trono por parte de Isabel II tuvo lugar el pronunciamiento del general Narváez. Se derogó la Constitución de 1837 y se promulgó la Constitución de 1845, más moderada: otorgaba mayor peso a la Corona y al gobierno, con un sistema bicameral y sufragio censitario. Durante la década moderada se llevaron a cabo reformas como la de la Ley Fiscal, la del Código Civil y la del Código Penal, se creó la Guardia Civil (1844) y se firmó el Concordato (1851). Sin embargo, el autoritarismo, la represión y la corrupción provocaron levantamientos populares y pronunciamientos, como la “Vicalvarada” del general O’Donnell, que terminó con esta etapa.

En el bienio progresista (1854-56) la Constitución de 1845 fue anulada y comenzó a elaborarse una nueva constitución, que nunca llegó a promulgarse, por lo que se la conoce como la “non-nata”. Se llevaron a cabo reformas como la Ley de Ferrocarriles, una segunda desamortización de bienes comunales de municipios y otras medidas progresistas ante las que se levantó una fuerte oposición.

En la segunda etapa moderada (1856-1868) Narváez obtuvo de nuevo el poder y con el predominio de la Iglesia se paralizó la desamortización. El sistema electoral se caracterizaba por la corrupción en cuanto a la compra de votos y pucherazos, junto a la aparición de caciques locales. Se desarrollaron el Partido Demócrata y el republicanismo y se crearon las primeras organizaciones obreras. Las fuertes represiones contra las revueltas campesinas de jornaleros, estudiantes universitarios y progresistas culminaron con una sublevación contra Isabel II, en 1868, conocida como “La Gloriosa”.

6.2. El reinado de Isabel II (1833-1868): las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. De la sociedad estamental a sociedad de clases

Tras los disturbios del verano de 1835 (quemas de conventos, incendio de la fábrica Bonaplata en Barcelona…) se crearon nuevas Juntas Revolucionarias que exigían cambios reales, por lo que María Cristina se vio obligada a aceptar la dimisión de Toreno y a nombrar a Mendizábal, un financiero progresista de prestigio, como jefe de gobierno. Mendizábal emprendió reformas fundamentales, para lo que asumió las carteras de Estado, Guerra, Marina y Hacienda. Su principal medida fue el inicio de la desamortización, mediante decreto de febrero de ese mismo año. Durante el Antiguo Régimen, la propiedad de la tierra estaba en poder de lo que se conocía como “manos muertas”, es decir, la Iglesia, nobleza rentista, el Estado o los municipios. Se denunciaba su explotación poco racional, por lo que se denominó desamortización al proceso de hacer pasar esas tierras a otros propietarios dispuestos a obtener una mejor explotación económica. Aunque el proceso de desamortización tuvo lugar desde el reinado de Carlos IV hasta la segunda mitad del XIX, la etapa de Mendizábal tiene especial importancia.

Mediante la desamortización de Mendizábal, en febrero de 1836 se declararon en venta todos los bienes pertenecientes al clero regular y se destinaban los fondos obtenidos a la amortización de la deuda pública. En 1844 se habían desamortizado el 62% de las propiedades de la Iglesia. Las fincas se tasaron por los peritos de Hacienda y después se subastaron, llegando a alcanzar un 220% sobre el precio de salida. Los propietarios y los inversores burgueses acapararon las compras. Se abonaba al contado el 20% y el resto a plazos, admitiendo además para el pago títulos de deuda por su valor nominal, muy desvalorizados en el mercado, por lo que era barato adquirirlos en bolsa y después usarlos para pagar. Mendizábal sabía que estoy ocurriría, pero en realidad lo que buscaba era beneficiar a la élite financiera y comercial. El Estado recaudó unos 4.500 millones de reales, de los que solo 500 millones fueron en dinero, cuando la deuda ascendía a 14.000 millones. Entre las consecuencias de la desamortización se encuentra el desmantelamiento de la propiedad de la Iglesia y sus fuentes de riqueza y la atenuación de la deuda. Sin embargo, no se aumentó la producción agraria, pues los nuevos propietarios no emprendieron mejoras, sino que siguieron cobrando las rentas o las incrementaron, al sustituir el pago de derechos señoriales y diezmos por contratos de arrendamiento. Las nuevas tierras que se pusieron en cultivo eran marginales y de baja calidad. La desamortización provocó un proceso de deforestación, así como un reforzamiento de la estructura de propiedad de la tierra, pues acentuó el latifundismo en Extremadura y Andalucía, y el minifundismo en el Norte. Las tierras y fincas fueron a parar a los antiguos terratenientes locales, nuevos inversores de la burguesía financiera o profesional, a especuladores o a intermediarios. En las ciudades, la desamortización contribuyó a un urbanismo discriminador, pues la alta burguesía acaparó los mejores edificios del centro.

La segunda gran desamortización fue la de la Ley Madoz, en 1855. Se estableció en subasta pública la venta de propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, a la Iglesia, los propios y baldíos de los Municipios y todos los bienes que permanecieran amortizados. Esta desamortización se desarrolló rápidamente y se admitió solo el pago en efectivo, llegando a acumular el doble de dinero que en 1845, que fue destinado a cubrir las necesidades de la Hacienda. Las consecuencias fueron la eliminación de la propiedad comunal y lo que quedaba de la eclesiástica, agravando la situación económica del campesinado y una ruptura de las relaciones con la Iglesia, ante la violación del Concordato. La desamortización de Madoz estuvo en vigor hasta 1895, año en que fue derogada, pero desde 1856 apenas hubo subastas, pues quedaba poco por vender.

El proceso desamortizador contribuyó al cambio hacia una sociedad burguesa, pues implicó el traspaso de una gran masa de tierras a nuevos propietarios, así como la fusión de la antigua aristocracia feudal con la burguesía urbana para crear una nueva élite terrateniente. La sociedad de mediados del XIX era ya una sociedad de clases, pues las leyes de la década de 1830 habían acabado definitivamente con la sociedad del Antiguo Régimen y con los privilegios estamentales, aunque la nobleza conservó a lo largo del siglo XIX y parte del XX algunos privilegios formales y simbólicos. La sociedad isabelina podía dividirse en clase dirigente, clase media y sectores populares.

La clase dirigente estaba formada por la vieja aristocracia, las altas jerarquías del clero, del Ejército y de la Administración y la alta burguesía. La desvinculación de la tierra había convertido los señoríos de la antigua nobleza en propiedad privada, por lo que mantuvieron su riqueza y su poder a través de su posición en la Corte, en el Ejército al poseer los altos títulos nobiliarios y en la política al ocupar escaños vitalicios en el Senado. La mayoría se dedicó a invertir sus rentas en Deuda, en Bolsa o en la Banca y el ferrocarril. La alta burguesía, formada por terratenientes rentistas, comerciantes, financieros, profesionales de alto rango y grandes industriales, trataba de imitar el modo de vida de la vieja aristocracia. Invertían sus fortunas en operaciones especulativas, adquisición de deuda pública y llevar una vida de lujo y apoyaban en general las políticas moderadas y proteccionistas. En definitiva, la clase dirigente acaparaba los centros de poder: Gobierno, Congreso, Senado, magistraturas judiciales, altos cargos de la Administración, generalato, jerarquía eclesiástica, gobiernos civiles y militares, grandes alcaldías…

Las clases medias eran heterogéneas y estaban formadas por pequeños propietarios rurales, campesinos acomodados poseedores de su propia tierra, mandos intermedios del Ejército, funcionarios, profesionales liberales de menor nivel (médicos, abogados, profesores), pequeños comerciantes, empresarios, propietarios de talleres… Predominaban en la vida social de los pueblos pequeños y barrios populares urbanos. Sus ingresos superaban a los de los obreros y campesinos jornaleros, pero no tanto como para no pasar dificultades. Mantenían una ideología conservadora y apoyaban a gobiernos fuertes que mantuvieran el orden y la propiedad, aunque la mayoría no tenía derecho al voto dada la escasa contribución que pagaban.

El campesinado era el grupo social más numeroso del país, al que pertenecía el 80% de la población. Durante la época isabelina perdieron calidad de vida, debido a la tendencia general de caída de precios y a que sus ingresos disminuyeron. Como consecuencia de la desamortización, los nuevos propietarios no invirtieron en mejorar los cultivos, sino que expulsaron a los antiguos campesinos e impusieron nuevos contratos que les convirtieron en jornalero, sobre todo en Andalucía y Extremadura. En Castilla los nuevos terratenientes elevaron las rentas. Los gobiernos isabelinos frustraron las esperanzas y el apoyo que el campesinado había puesto al apoyar la revolución liberal, pues no se llevó a cabo la reforza agraria esperada, se reforzó la estructura de la propiedad de la tierra y aumentaron el poder de los terratenientes. Sin embargo, el campesinado apoyó de nuevo el pronunciamiento de 1854 y la revolución de 1868 pero, tras esta última y la indiferencia de demócratas y republicanos frente a sus problemas, se desengañaron y muchos comenzaron a seguir las ideas anarquistas. Aun así, la sociedad agraria seguía siendo en general tradicionalista, con ideas conservadoras y religiosas, acentuadas por la falta de comunicación con el exterior, las autoridades caciquiles y el papel de la Iglesia. Solo las crisis causadas por las malas cosechas provocaban protestas que eran rápidamente sofocadas por la Guardia Civil.

Los artesanos eran un grupo social relativamente numeroso. A partir de los años treinta se prohibió formar nuevos gremios, pero los que quedaban eran relativamente influyentes. La mayoría reaccionaron de manera conservadora para defender sus intereses y apoyaron a los terratenientes. Los trabajadores de servicios eran un grupo social en expansión, pues aumentaron los empleados municipales gracias al crecimiento de ciudades y Administración, así como el servicio doméstico, como consecuencia del crecimiento de la burguesía. En general adoptaron la ideología conservadora de la clase dirigente a la que servían.

El crecimiento del proceso de concentración de fábricas aumento el número de trabajadores agrícolas en paro que se desplazaron a las ciudades de forma masiva en búsqueda de empleo, generando una nueva clase obrera que vivía hacinada en barracas y chabolas en la periferia de las ciudades en condiciones insalubres. Cuando se producían crisis, aumentaba el paro y muchas veces la delincuencia era el único modo que tenían de subsistir. A ojos de la clase alta, obreros era equivalente a vagos y maleantes. Fueron los médicos y escritores quienes denunciaron las condiciones de vida de esta clase social. Al principio, los obreros no comprendían demasiado bien lo que estaba ocurriendo. En los años treinta y cuarenta fueron apareciendo los primeros atisbos de organización, como las sociedades de ayuda mutua y la difusión de las ideas de los socialistas utópicos.  A raíz de los disturbios de 1848 comenzaron a relacionarse las reivindicaciones obreras con las ideas democráticas y republicanas, gracias a líderes que publicaban en prensa obrera como Sixto Cámara, Fernando Garrido, Ordax Avecilla o Francisco Pi i Margall. Durante el Bienio Progresista los trabajadores separaron su movilización de la de los patrones. Desde 1855 la conflictividad fue en aumento y la movilización obrera se extendió por Barcelona, siendo duramente reprimida. Tras el juicio y ejecución irregular de José Barceló estalló una huelga general, que finalizó con un acuerdo con el general Saravia, enviado por Espartero. Sin embargo, el proyecto de Ley del Trabajo que aprobaron las Cortes, difundido por Alonso Martínez, defendía en la práctica los intereses patronales más que los de los trabajadores. La conflictividad aumentó hasta que el golpe de Estado de julio desencadenó el levantamiento de barricadas y combate en la calle contra los golpistas. Tras la vuelta al poder de Narváez, las asociaciones obreras fueron prohibidas de nuevo. En adelante el movimiento obrero se politizó y apoyó al partido demócrata y a los republicanos. Tras la revolución de 1868, donde la participación de los trabajadores industriales fue decisiva, fueron olvidados por los demócratas, lo que les inclinó hacia el sindicalismo y la formación de partidos socialistas.

6.3. El Sexenio Democrático (1868-1874): la Constitución de 1869. Evolución política: gobierno provisional, reinado de Amadeo de Saboya y Primera República

La Revolución Gloriosa (1868) fue consecuencia del deterioro de la situación económica, que provocó el descontento tanto de los grupos dirigentes como de las clases populares, y de la situación política, pues la Reina se había ido apoyando en los gobiernos conservadores de los generales O’Donnell y Narváez, que centraron su política en el mantenimiento del orden y del sistema oligárquico. Pero la situación política había cambiado: en el liberalismo, los demócratas y republicanos se unieron a los progresistas encabezados por Prim. Los dirigentes obreros, dentro del partido demócrata veían una posibilidad en la revolución. Tras la muerte de O’Donnell y bajo el liderazgo de Serrano, los unionistas se unieron en 1868 al Pacto de Ostende, firmado por progresistas y demócratas en el exilio para conspirar contra la monarquía. Los grupos financieros e industriales se convencieron de la utilidad de la revolución, que también fue aceptada en parte por algunos sectores de la oligarquía terrateniente y por los militares, que aún recordaban la matanza del Cuartel de san Gil. El pronunciamiento fue encabezado por los generales Serrano, Prim, Topete y Ros de Olano, más tarde apoyado por las capas populares. Los partidos organizaron Juntas locales y provinciales, entregaron armas a la población y organizaron a los Voluntarios de la Libertad. El 17 de septiembre de 1868, el general Topete se sublevó en Cádiz, al grito de “¡Viva España con honra!” y el resto de los cuarteles de España se fueron sumando. El día 28, las fuerzas de Serrano derrotaron a las gubernamentales y un día después la Reina se exilió. Tras el triunfo de la revolución, se pidió la disolución de las Juntas y se reclamaron las armas a los Voluntarios de la libertad. Se convocaron Cortes Constituyentes elegidas mediante sufragio universal (varones mayores de 25 años, el 24% de la población).

Unionistas y progresistas se decantaban por la Monarquía, los demócratas estaban indecisos y se dividieron entre los partidarios de la monarquía, como Cristino Martos o Manuel Becerra y los partidarios de la república, como José María Orense, Figueras, Castelar y Fernando Garrido. Finalmente, el voto se decantó hacia el bloque monárquico, ya que el 80% de la población masculina era analfabeta y el voto se inclinó hacia las preferencias de las autoridades locales. Serrano fue nombrado como Jefe del poder ejecutivo y Nicolás María Rivero como Presidente de las Cortes. La Constitución de 1869 constaba de 112 artículos en 12 títulos y fue la primera constitución democrática de la historia de España. En ella se establecía la soberanía nacional, el sufragio universal y la Monarquía como forma de Estado. Establecía una división de poderes con el poder legislativo en las Cámaras, el poder ejecutivo en manos del Rey pero a través de sus ministros, que respondían ante las Cortes, el poder judicial en manos de un cuerpo de jueces independientes y la regulación del acceso por oposición a la carrera judicial. Incluía también una declaración de derechos elaborada, estableciendo como derechos imprescriptibles e ilimitados los de libertad, inviolabilidad del domicilio, derecho de voto, de residencia, libertad de enseñanza, de expresión, reunión y asociación (limitados a asociaciones que no comprometieran la seguridad del Estado, artículo que sirvió para la ilegalización de la AIT años después). El sufragio universal se restringía a varones mayores de 25 años. El Congreso se elegía a razón de un diputado por cada 40.000 habitantes y el Senado de forma indirecta, renovados cada tres años. Se establecía la libertad de cultos, pero con el compromiso de mantener el culto y clero católicos e incluía también el compromiso de regular la situación de las colonias de ultramar.

El general Serrano fue elegido como regente y Prim pasó a dirigir el gobierno, pero fue imposible lograr la unión de los partidos, puesto que a la oposición republicana se sumaron los sectores más derechistas. Se formó un gobierno de mayoría progresista, que llevó a cabo numerosas reformas, entre las que destaca la reforma de Hacienda de Laureano Figuerola (1869). Se produjeron numerosas insurrecciones urbanas y campesinas y movimientos republicanos incontrolados, que fueron sofocados por el gobierno. A esto se sumó una insurrección independentista en Cuba, conocida como Grito de Yara, que se sublevó contra el gobierno colonial y desembocó en una guerra que duró diez años y acabó por hipotecar la Hacienda. En este contexto emprendió Prim la tarea de buscar un rey que no fuera un Borbón. Entre los muchos candidatos, fue finalmente el italiano Amadeo de Saboya quien accedió al trono español. Tras desembarcar en España en 1870, recibió la noticia de la muerte del general Prim tres días antes a causa de un atentado. El reinado de Amadeo de Saboya (1871-1873) fue un completo fracaso, entre otros motivos por su carácter tímido, la ausencia de Prim y el escaso apoyo inicial y posterior oposición de la aristocracia, terratenientes, sectores industriales, clero, carlistas y republicanos. Su reinado se caracterizó por una inestabilidad permanente: en dos años se sucedieron seis gobiernos y tres elecciones generales. El partido progresista se dividió entre los constitucionales, partidarios de la monarquía democrática con Sagasta al frente y los radicales, partidarios de llevar la Constitución y la democracia hasta sus últimas consecuencias, con Ruiz Zorrilla al frente. Los conflictos se sucedía: una insurrección carlista en el País Vasco, el auge del movimiento obrero, la petición del gobierno a las Cortes de la prohibición de la AIT y las organizaciones obreras, el enfrentamiento en el Congreso sobre la abolición de la esclavitud… Finalmente, la abdicación de Amadeo I se vio precipitada: Ruiz Zorrilla nombró capitán general de Cataluña al general Hidalgo de Quintana, pero los oficiales del cuerpo de Artillería reclamaron su destitución, pues alegaban que había participado en la sublevación del cuartel de san Gil en 1866. Zorrilla solicitó al rey la disolución del cuerpo de Artillería, este se negó y Zorrilla presentó una moción de confianza a las Cortes, que ganó. El Rey tuvo que firmar el decreto y a continuación presente su abdicación en febrero de 1873 y rechazó la propuesta de golpe militar que le hicieron algunos generales.

Aquella misma noche se proclamó la I República, en contra de la Constitución, ya que las Cortes no podían asumir todos los poderes ni proclamar la República. Los diputados, en su mayoría radicales, votaron a favor y nombraron al republicano moderado Estanislao Figueras Jefe del Poder Ejecutivo, que formó gobierno con Pi y Margall en el Ministerio de Gobernación. En seguida se produjeron enfrentamientos entre republicanos y radicales. El Estado estaba en quiebra financiera, el sector agrario no se había recuperado del todo de la crisis anterior, la República contaba con escasos apoyos y con intereses contradictorios. En el contexto internacional, solo Estados Unidos y Suiza reconocieron el nuevo régimen. La mayoría de los partidos pasaron a la oposición (carlistas, alfonsinos, sagastinos, radicales…) y los propios republicanos estaban divididos entre unionistas y federalistas, por un lado, y republicanos conservadores y partidarios de la radicalización, por otro.

Durante los primeros días se produjeron levantamientos campesinos en Andalucía, que fueron reprimidos por el gobierno, consiguiendo que las Juntas Revolucionarias se disolvieran, con dificultad. Se evitó la proclamación del Estado catalán. El partido radical intentó dos veces dar un golpe de estado, pero la conspiración fue detenida a tiempo. La Diputación Permanente de las Cortes se disolvió, pero los republicanos se quedaron aislados: aunque obtuvieron una mayoría en las elecciones, la abstención fue del 60%. Figueras dimitió y Pi i Margall pasó a ser el presidente.

El proyecto de Constitución de 1873 no llegó a entrar en vigor. Establecía una República confederal compuesta de 17 Estados y varios territorios de ultramar, cada uno con su propia Constitución. El poder ejecutivo correspondía al Gobierno, cuyo Jefe nombraba el Presidente; el poder legislativo era ejercito por las dos Cámaras de elección directa; el poder judicial era presidido por el Tribunal Supremo. Incluía una extensa declaración de derechos.

En julio hubo una huelga general el Alcoy proclamada por miembros de la A.I.T., en la que se produjeron varios asesinatos. Fue sofocada por el Ejército, pero poco después se sublevaron los grupos federalistas en Cartagena, proclamado por el cantón, haciéndose con el control de la flota y del arsenal. Se formaron Juntas Revolucionarias. Los carlistas tomaron posiciones en Albacete, Cuenca y controlaban parte del País Vasco, Navarra, Cataluña y Aragón. Pi i Margall presentó su dimisión y las Cortes eligieron presidente a Nicolás Salmerón, cuya presidencia supuso un giro a la derecha, otorgando plenos poderes al Ejército que logró sofocar la sublevación. Ante las presiones externas, Salmerón accedió a restablecer la pena capital, pero se negó a firmar dos condenas a muerte para dos líderes cantonalistas y dimitió. El nuevo presidente, Emilio Castelar, viró hacia el conservadurismo, reforzando sobre todo la autoridad del Estado y apoyando al Ejército, con lo que logró detener el avance carlista. Sin embargo, los grupos monárquicos que le apoyaban lo hacían solo como un gobierno fuerte y de transición, pero querían terminar con la República. Tras reunirse la Cámara, el gobierno fue criticado y derrotado en la moción de confianza. Cuando se estaba votando a un nuevo gobierno, se anunció que unidades del ejército habían ocupado los puntos clave de la capital. El general Pavón hizo entrar a las tropas, disolvió el Congreso y anunció la constitución de un gobierno de emergencia.